Motivos de modificación de la Constitución del 1978

No es de estrañar que los que hicieron campaña contra la Constitución de 1978 la consideren tan inamovible como los Principios Fundamentales de su Movimiento: para ellos la Transición acaba en esta Constitución y no están dispuestos a un mayor grado de democratización; en cambio, la mayoría de los que hicieron campaña a favor veían dicha Constitución como el punto de partida de una democratización progresiva que se fue produciendo lentamente hasta que el 23-F fracasó en la forma pero triunfó en el fondo y inició la marcha atrás con LOAPAs incluídas.

¿Resulta razonable pensar que las naciones españolas, que no han vivido en democracia ni un cinco por ciento de los 200 años anteriores, consiguen a la primera una Constitución tan extremamente perfecta que, a diferencia de las de todos los países con larga tradición democrática, no necesita modificaciones?

Sin necesidad de ir a la hemeroteca a recopilar los motivos de queja sobre las imperfecciones de la Constitución, rápidamente se puede ver que, en general, se podría modificar para

• eliminar cualquier supuesto de servicio militar obligatorio: el artículo 30.2 lo sigue contemplando contra la voluntad mayoritaria de los españoles;
  
• arreglar errores crasos como confundir ciudadanía con nacionalidad (11);
  
• democratizar el artículo 8.1, que establece la misión del ejército, poniendo antes la “soberanía y la independencia” y la defensa de “su integridad territorial” que la del “ordenamiento constitucional”. Si la soberania popular decidiere modificar la integridad territorial (para aceptar la incorporación de Gibraltar o del Sahara español, por ejemplo, o la separación pacífica de Euskadi, siguiendo el ejemplo de Chequia y Eslovaquia), existiría un conflicto de prioridades como el que ha llevado al “sr.” Milosevich ante el TPI; de hecho, España ha aceptado democrácticamente una limitación de su soberanía e independencia con la integración en la UE y en la política monetaria común sin que las Fuerzas armadas hayan intervenido (como debe ser, a pesar del artículo 8.1); una constitución democrática no puede admitir que se use la violencia para reprimir la soberanía popular;
  
• resolver la forma de estado (monarquía vs. república, sea unitaria, federal, confederal, etc): es una cuestión sobre la que la soberania popular no ha tenido ocasión de pronunciarse (en el referendum del 78 se podía optar entre aprobar la Constitución propuesta con Juan Carlos de Borbón como garante de la democracia y la soberanía popular o desaprobarla para que Juan Carlos de Borbón siguiera siendo el garante del “atado y bien atado” del dictador que le entronizó;
  
• eliminar la discriminación de las mujeres en la succesión real (57.1);
  
• subir el tope de 400 diputados que pronto quedará corto, sobretodo si se resolviera la antidemocrática falta de proporcionalidad que hace que un voto en Ceuta valga como ocho en Madrid o Barcelona;
  
• acabar con el recelo contra la iniciativa popular para la que se exige el mínimo desorbitado de 500.000 firmas y se limita a cuestiones que no sean materia de ley orgánica (87.3); que son demasiadas para vetarlas a la iniciativa popular (v.g. composición del Tribunal de Cuentas o los límites de las provincias);
  
• conseguir una auténtica aconfesionalidad del Estado;
  
• permitir que el pueblo soberano de cualquier circunscripción electoral pueda convocar referendos en su ámbito (92);
  
• flexibilizar el mecanismo de revisión constitucional (168).
  
• tener en cuenta la opinión de un miembro emérito del TC: “Pel que fa als òrgans de govern estatals, crec que hi ha una percepció generalitzada que el Senat va ser mal dissenyat d’entrada per la Constitució, ja que la seva configuració li impedeix complir l’única funció que realment el justifica: la de ser una cambra de representació territorial” (Viver 2002)
  

• acabar con el recelo con las comunicades autónomas (145.1) y la limitación de la soberanía popular que ello implica;
  
• instaurar un Tribunal Constitucional equinacional (159) que garantice su imparcialidad ante las diversas naciones españolas;
  
• resolver el tema de las naciones españolas: en lugar de promover el “Estado de las nacionalidades” como sería coherente con lo que proclama, la Constitución del 1978 asfixia a las nacionalidades en un “Estado de las autonomías” donde se equipara una nación histórica como Cataluña, la primera democracia moderna de Europa, con un supermercado colonial como Ceuta o Melilla;
  
• resolver el tema de las lenguas españolas, equiparando a sus hablantes en derechos, lo cual exige reconocer explícitamente cada lengua con su nombre, su territorio y sus variantes;
  
• garantizar el plurilingüismo del Estado;
  
• eliminar la incongruencia de que, por un lado, la soberanía resida en el pueblo y, por otro, la “Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles” (2), dogma de fe pleonástico que podría ser contrario a la voluntad popular, por lo menos en alguna de las naciones periféricas de España y que impone por real decreto el patriotismo obligatorio español, incompatible con aquel patriotismo vasco o catalán para el cual la pertenencia a la nación catalana o vasca tiene mayor fuerza que la frontera franco-española que divide su patria entre dos estados.